En
días pasados, el Presidente del Senado Martí Batres Guadarrama, presentó una
iniciativa para reformar los artículos 1,4,9, 12 y derogar el Capítulo II “Participación de
Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas
Nacionales.
Para
el Presidente del Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental de Querétaro,
Enrique Uribarren Castro, desde la misma exposición de motivos presenta
notables imprecisiones, como señalar que México cuenta con 731 cuencas
hidrológicas, las cuales se encargan de abastecer de agua a todo el territorio
nacional, lo cual es incorrecto, ya que en ellas escurre el agua, más no
abastecen a la población, esto último esta a cargo de los diversos Organismos
Operadores Municipales o Estatales.
Adicionalmente
en México en realidad existen 13 cuencas con tres vertientes principales:
Pacífico, Atlántico e Interior.
Por
otra parte, el Senador Batres afirma que “de ellas, 106 acuíferos se
encontraban sobreexplotados”, lo cual también es incorrecto, pues una cosa es
la cuenca, es decir, un concepto geográfico e hidrológico que se define como el
área de la superficie terrestre por donde el agua de lluvia, nieve o deshielo
escurre y transita o drena a través de una red de corrientes que fluyen hacia
una corriente principal, y por ésta hacia un punto común de salida, y otra cosa
un acuífero el cual define a aquellas formaciones geológicas en las cuales se
encuentra agua y que son permeables permitiendo así el almacenamiento de agua
en espacios subterráneos, existiendo 653 de ellos en México.
Continuando
con su exposición de motivos, el Senador de MORENA afirma que por ello “la
Federación debe velar por el cumplimiento al derecho al agua y saneamiento” y
en consecuencia “es facultad del Estado, en sus tres niveles de gobierno, el
suministro del agua potable, ya que, al ser considerado como un derecho humano,
esté debe ser prestado solamente por el Estado y no así por particulares”.
Enrique
Uribarren Castro comenta que, en principio, debemos entender que el espíritu
que anima a Martí Batres es el de evitar que se privatice el Servicio de Agua
Potable y Saneamiento a la población, y de esta forma desde su óptica,
garantizar el derecho humano al agua. Sin embargo, la forma mediante la cual pretende
lograrlo también contraviene disposiciones constitucionales, y en caso de
aprobarse en los términos presentados nos conduciría a una anarquía en el
sector hídrico nacional.
Para
el Presidente del OCPAQ, la redacción propuesta para el artículo 1 transcribe
parte del artículo 4° de la Constitución en lo referente al derecho humano al
agua, lo cual no le corresponde a la Ley de Aguas Nacionales, ya que esta no
tiene por objeto regular el servicio público urbano, sino la posibilidad de
regular de conformidad con el artículo 27 constitucional, la explotación, uso y
aprovechamiento de las aguas nacionales en sus diferentes modalidades.
Al
suprimir las fracciones XX, XXXII y XLVIII del artículo 9 de la Ley de Aguas
Nacionales el termino de Títulos de Concesión, Uribarren señala que de un
plumazo se borran las concesiones y con ello, la posibilidad a todos los
campesinos, agricultores, porcicultores, ganaderos, unidades de riego,
industriales, prestadores de servicios y particulares que en su conjunto suman
244,546 titulares de una concesión de aguas nacionales, para utilizar
legalmente el vital líquido para sus distintos usos, diferentes al público
urbano.
Por
su parte, en la fracción IX del artículo 12 de la Ley de Aguas Nacionales,
suprimen la facultad de expedir los títulos de concesión de las aguas
nacionales, lo que contraviene a la disposición del artículo 27 constitucional,
que establece que sólo a través de una concesión se puede usar, aprovechar o
explotar las aguas nacionales.
En
conclusión, Enrique Uribarren Castro, afirma que, si bien es cierto la
importancia de poner en el centro de la discusión y de la agenda nacional la
forma en que estamos gestionando el agua, es importante también hacerlo
proponiendo propuestas que solucionen efectivamente los problemas detectados,
en vez de hacer cambios que agravaran la problemática y complicaran lo
gobernanza del agua.
